El borrador del EU KIDS Act llevaría la verificación de edad a todos los juegos online

El borrador del EU KIDS Act exigiría verificación de edad y controles parentales a todos los juegos online vendidos en la UE, un reglamento de aplicación directa.

Ilustración editorial: terminales con candados y un documento normativo que supervisa su cumplimiento

La Comisión Europea ha publicado un borrador del proyecto de EU KIDS Act que impondría obligaciones de seguridad infantil a todos los juegos online vendidos en la Unión Europea, incluida la verificación de edad y los controles parentales como exigencia general para los editores.

Un reglamento que llega a todo catálogo

La definición de juego online del borrador es tan amplia que abarcaría desde Roblox hasta el modo multijugador de un juego en disco, según el análisis jurídico de Andreas Lober difundido el 17 de septiembre de 2026. Al ser un reglamento, se aplicaría directamente en todos los Estados miembros sin transposición nacional, sin una ley distinta por país.

La Comisión Europea presenta la propuesta dentro de su ofensiva de protección de menores. Las prohibiciones más sonadas, como la prohibición de acceso a menores de 13 años y las restricciones para menores de 15, afectarían solo a redes sociales y plataformas de vídeo, no a los juegos.

Verificación de edad y exenciones por diseño

Para cumplir las nuevas obligaciones, los proveedores de juegos online tendrían que implementar de forma general controles parentales y soluciones de verificación de edad, aunque los requisitos serían menos estrictos que los previstos para las redes sociales. Lober apunta que los títulos sin ninguna característica problemática para menores podrían quedar exentos, un matiz que la redacción final deberá confirmar.

El borrador incluye además una disposición sobre códigos de conducta en clasificación por edades y juegos online. Los considerandos mencionan PEGI, pero la norma iría más allá del marco actual y tendría carácter más vinculante.

Un texto aún en disputa

El borrador no es definitivo: necesita la aprobación del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, y puede cambiar en el trámite. El propio análisis detecta una contradicción interna: la exigencia de transparencia sobre el valor real de las transacciones con monedas virtuales figura en los considerandos, mientras que el articulado limita expresamente esas reglas económicas a redes sociales y plataformas de vídeo.

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